Noviembre 2011
Mas no es completa gloria
Vencer en la batalla,
Que al brazo que combate
Lo anima la verdad.
La independencia sola
El gran clamor no acalla:
Si el sol alumbra a todos
Justicia es libertad.
Estrofa décima del Himno Nacional de Colombia. Compositor Rafael Núñez. Música de Oreste Sindici.
El escrito tiene el propósito de hacer un somero análisis de la violencia en el siglo XX y en la primera década del siglo XXI, enfatizando que durante los últimos años del siglo XX y comienzos del XXI se ha pretendido cambiar la realidad del conflicto armado con una ofensiva contra el terrorismo y la subversión, con diálogos, con un intento de desarme, desmovilización y reinserción de los paramilitares y con la promulgación e implementación de la Ley de Víctimas al finalizar los diez primeros años del siglo XXI. La pregunta de análisis a partir de contextualizar la violencia ocurrida durante el siglo XX, es ¿Qué función cumple el derecho para superar la violencia y qué usos del derecho pueden identificarse por parte de las víctimas de la violencia?. Pregunta que es respondida por la hipótesis; la función del derecho, es superar la violencia y hacer justicia, pero, el uso del derecho por parte de las víctimas depende de cómo entienden las víctimas y los victimarios el concepto de justicia. La afirmación que sintetiza lo expuesto es, que únicamente con una definición en común por parte de víctimas y victimarios de la justicia es posible que la Ley 1448 del 2010 sea efectiva y transicional.
El tema de la violencia en Colombia es pretérito, no es algo nuevo y no se puede entender la violencia de la primera década del siglo XXI sin tener en cuenta los antecedentes. Durante la primera década del siglo XXI, se realizó una incompleta desmovilización de los paramilitares, se ha intentado derrotar a las guerrillas, también se les propuso un diálogo y se formuló la Ley de Víctimas.
Probablemente explicar la violencia y la búsqueda de la paz después de 1991 era más lógico y aceptado que antes de la fecha por la ampliación de derechos de la nueva carta constitucional que evita los abusos de poder de los gobernantes con la fuerza coactiva del Estado. Además, cuando en la última década del siglo XX, ya no era vigente el fundamento ideológico del socialismo de la lucha armada por el poder y la derecha que promueve políticas económicas de libre mercado con una aparente defensa de la democracia liberal. Ambas posturas ideológicas y dogmáticas que justificaron la violencia, pero que después de promulgada la carta siguieron cometiendo actos violentos con la finalidad de eliminar al opuesto, con el interés de ejercer dominio territorial y controlar las utilidades de actividades económicas; ilegales e informales.
Los hechos de violencia que son contrarios a la paz, se pueden identificar en la historia, en diferentes momentos, a comienzo del siglo XX en 1910 es aceptado por los partidos que se formaron desde la segunda mitad del siglo XIX, que un régimen centralista es preferible a uno federalista. La estabilidad política de una constitución la cual podían ambos reformar, superando los motivos que los mantuvieron enfrentados por el poder después de la independencia. En los años 20’s hasta los 50’s la violencia volvió a ocurrir pero por motivos partidistas y no por pretender cambiar la constitución, como el orden territorial. La violencia que ocurre en ese entonces, no es por la clase dirigente, es en las bases de los partidos, en los directorios de pueblos y en áreas rurales donde se disputaban el dominio territorial por diferencias partidistas y tener control de la administración local. Con la formación de sindicatos, en ese entonces, en la refinería de Barrancabermeja, en las bananeras, en la burocracia de las ciudades principales y los empleados del sector de servicios e industrias, el origen de nuevos reclamos y demandas por parte de la población que se organizó no con los partidos tradicionales. La no respuesta a los reclamos y a las demandas a partir de políticas públicas, y sí con represión como en las bananeras, hace que nuevas ideas para el entonces como lo fue el comunismo y la disidencia del Partido Liberal de Jorge Eliecer Gaitán, con propuestas socialistas tengan acogida por parte de la población, pero que causa que se mantenga el fenómeno de violencia durante la década de los 40’s y comienzo de los 50’s, fenómeno que venía ocurriendo desde los años 20’s y se acentúa con la muerte de Gaitán.
Con la formación de guerrillas en los llanos, autodefensas al norte del Huila y en el de departamento del Tolima, la situación de violencia adquiere dimensiones que no dependen de un pacto que realiza el bipartidismo, como amnistías que engañan con la muerte a los bandoleros del entonces.
Con el arraigo de ideas comunistas en un porcentaje de la población rural y de menor porcentaje en la población urbana, frustrada por la muerte de Gaitán y excluida del Frente Nacional, la subversión se organiza como movimiento guerrillero que son enfrentados por la fuerza pública, y ante las derrotas mantienen adeptos, como no logran ser suprimidas para el entonces.
La Guerra Fría que protagonizaban dos potencias mundiales de ese momento, fomentó en ambas partes del conflicto armado interno el enfrentamiento, unos en detentar el poder y otros en la lucha, justificando el uso de la violencia armada por dos ideologías infundidas, por dos potencias que motivaban en unos hacer un cambio revolucionario y en otros en mantener un orden establecido.
Con el decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968; la defensa civil, es mencionada, en ambos actos legislativos con la cual se pretendía que se organizaran autodefensas con el fin de contrarrestar la amenaza al orden establecido por parte de los subversivos, pero en consecuencia hace que la población rural y en parte la urbana, no fuera neutral y adoptara una postura a favor de la revolución, o a favor de mantener el orden establecido.
Con la bonanza de las esmeraldas en Boyacá y el emergente narcotráfico, para ambas actividades de economía informal e ilegal era necesarias las autodefensas y organizarse paralelamente a la fuerza pública y a la subversión para mantener los dominios donde se realizaban este tipo de economías. Aunque, el decreto y la ley de defensa civil no se implementó teniendo en cuenta estas actividades económicas informales e ilegales, si demostraba la incapacidad de la clase política que, por medio del Estado no podía garantizar la soberanía, el monopolio legitimo de las armas y la protección de la población civil, además demuestra la falta de criterio y de justicia, haciendo que el derecho perdiera su sentido y finalidad, en su función penal[1], y si ocurriendo en el territorio nacional no únicamente delitos políticos sino otros que son de materia penal, que no se responden con amnistías e indultos.
En la década de los 80’s con la expansión del narcotráfico y el arraigo de costumbres corruptas en la clase política y en un alto porcentaje de la población civil, no fue posible que en esa década se lograra la paz, aunque al final de la década ocurren desmovilizaciones de diferentes grupos subversivos ante la posibilidad de inclusión en el sistema político, muchos son asesinados y otros continuaran en las montañas de Colombia por las utilidades que resultan del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el robo de bancos cuando se tomaban pueblos y con la reforma de 1986 apoderase de los recursos municipales.
El decreto y la ley expedida en la década de los 60’s de defensa civil es derogada por el gobierno de Virgilio Barco, pero la organización por parte de terratenientes y narcotraficantes de paramilitares en connivencia con no todos los miembros de la fuerza púbica, terratenientes, empresarios y de políticos continúo. Antes de comenzar la década del 2000, mientras un área geográfica del país se despeja para intentar hacer la paz a partir de diálogos y acuerdos con la principal guerrilla y grupo terrorista, en otra parte de la geografía del país los paramilitares se convierten en hacedores de crímenes de lesa humanidad.
El desarme, la desmovilización y la reinserción en la primera década del siglo XXI con grupos paramilitares que se unifican, se hace por lo establecido en la Ley 418 de 1997, que no específica con qué grupos al margen de la ley se deben dialogar y hacer acuerdos, o si tienen propósitos políticos o no. Pero con esta ley también se realizan los diálogos con la guerrilla en la zona de distención. Con la Ley 975 de 2005 se hace un marco legal para la desmovilización, la justicia de las víctimas, la verdad y la reparación que se implementa con los paramilitares.
El proyecto político de la Seguridad Democrática que se mantuvo durante ocho años tiene similitudes con el Plan Lazo de Guillermo León Valencia, que igualmente fue una ofensiva contra las guerrillas del entonces, pero a diferencia de la Seguridad Democrática que no únicamente enfrentaba a un socialismo armado obsoleto, sino a un grupo terrorista.
El conflicto armado interno que se presenta en Colombia es no convencional, es prolongado, y de mediana y alta intensidad,[2] en el que los actores se han adaptado a los nuevos cambios económicos y políticos en el país y en el mundo, y no han podido ser eliminados del todo. El proceso de desarme, desmovilización y reinserción con los paramilitares no fue completo y esto es debido a la falta de compromiso por parte del gobierno del entonces de controlar y ofrecer una alternativa que sea pacífica a quienes hacían parte en principio de estas organizaciones, además la falta de diligencia y celeridad en los procesos jurídicos como rigurosidad penal en el momento de saber la verdad y obligarlos a reparar en el corto plazo. Por lo tanto al no tener otra alternativa, muchos de los que eran parte de los grupos paramilitares vuelve a delinquir, a excepción de sus primeros y principales jefes que los hacen desmovilizar, y que son los que primero están cumpliendo una condena, y son sus subalternos, los que se integran a bandas que se organizan con similitud a las estructuras paramilitares pero con el propósito de continuar dominando territorios y ser cómplices con el narcotráfico y la minería ilegal por las utilidades que estas actividades económicas informales e ilegales generan, además cometiendo algunas bandas, asesinatos, extorciones y secuestros.
Y es en esta realidad, que se presenta la Ley de víctimas que se formula en el 2010, se decide en el 2011 y se implementará en el 2012. Ley que propone hacer justicia, verdad y reparación a las víctimas de la violencia desde 1985, a quiénes hayan muerto por causas del conflicto armado interno, y no se haya cumplido el Derecho Internacional Humanitario, siendo civiles, no armados, serán atendidos por esta ley. Y quienes han sido despojados de sus tierras y desplazados desde 1991.
La ley de víctimas fue el resultado de un acto legislativo que se fundamentó en derechos y principios constitucionales, además en los Derechos Humanos. La ley tiene efectos jurídicos más no depende finalmente de decisiones políticas y económicas, aunque afecta la realidad política, social y económica del país, decisiones en estas estructuras dependerá de lo que dice la ley, sin omitirse de lo contrario no existirá coherencia con la constitución y la voluntad nacional en representación de los legisladores que aprobaron la ley.
Pero ¿Qué función cumple el derecho para superar la violencia y qué usos del derecho pueden identificarse por parte de las víctimas de la violencia?
En el caso de la ley de víctimas, la función del derecho es superar la violencia y hacer justicia, pero el uso del derecho por parte de las víctimas depende de cómo entiendan las víctimas y los victimarios el concepto de justicia.
Si bien la Ley 1448 del 2011 especifica en el capítulo dos con una serie de principios el modo en que la ley hace justicia, hay que analizar que el país vive un fenómeno de violencia que parece perenne, en el que se ha formado la nación con una dialéctica[3] de enemigo, de quiénes son buenos y de quiénes son malos, que en principio fueron independentistas contra realistas, después entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores, izquierda y derecha, y esto ha generado en el imaginario una concepción de justicia que no es atinente con la del derecho clásico y moderno, el derecho que pretende hacer justicia dando a cada quién lo que le corresponde, como retribuyendo a quién se ha perjudicado por vulneración de sus derechos, o cuando alguien ha causado un mal grave por infringir una ley, retribuyendo con una sanción y obligación por la omisión de responsabilidad y cumplimiento.
Es con esta dialéctica, en consecuencia por un conflicto armado interno prolongado que ha formado la concepción del contrario como alguien que se tiene que eliminar, lo cual el hacer justicia es causarle la muerte, pero también se es justo cuando se confabulan para hacer el bien con los que comparten una misma identidad, sea de izquierda o de derecha, sin importar que al otro o a los otros les cause el mal, con tal obtenga algún beneficio y perjudique al enemigo. La dialéctica analizada se ha mantenido cuando los individuos involucrados son obedientes con quién impone una orden y se es sumiso, y no tienen una idea de lo común, como el respeto a la vida y las libertades, y no consideran la ley como al Estado los únicos que a partir de sus entes como la rama judicial, a partir de procedimientos, quienes con el uso del derecho buscan ecuanimidad, equidad y finalmente se haga justicia en búsqueda del bien común.[4]
El entendimiento de la Ley 1448 del 2011 por parte de víctimas y victimarios a partir de un concepto de justicia que acepten y que entiendan ambos, hace que exista efectividad en lo que propone la ley. Y cambie la realidad, la dialéctica que mantiene un fenómeno de violencia que ha hecho historia pero que no puede seguir, y sí hacer posible una oportunidad para la reconciliación nacional y la posibilidad de un porvenir que garantice por parte del Estado, los gobernantes y la sociedad civil un país diferente, que cambia su pasado histórico y comienza desde la reparación a la primera víctima un país mejor .
Composición Audiovisual
Aterciopelados Hijos de Tigre
https://www.youtube.com/watch?v=7vLhhBhhusM
En 54 años, 220 mil personas han muerto por el conflicto armado en Colombia
Julio 24, del 2014
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/54-anos-220-mil-personas-han-muerto-por-conflicto-armado-colombia
1280 Almas Fosa en el Platanal
https://www.youtube.com/watch?v=qxHD1DOpFAM
Desaparecidos: El Estado el gran responsable
2014/05/26
http://www.semana.com/nacion/articulo/desaparecidos-el-estado-el-gran-responsable/389173-3
Ekhimosis – La tierra
https://www.youtube.com/watch?v=thueBRlcaxE
Colombia conserva el deshonroso título del segundo país con más desplazados
2015/05/06
http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-es-el-segundo-pais-con-mas-desplazados/426628-
3
La tierra del Olvido (2015). Carlos Vives, Fanny Lu, Fonseca, Maluma, Andrea Echeverri, El Cholo Valderrama,
https://www.youtube.com/watch?v=8jtfXHadYIE
Más de 500.000 víctimas del Conflicto armado han sido reparadas en Colombia
Mayo 5 del 2015
http://www.elespectador.com/noticias/paz/mas-de-500000-victimas-del-conflicto-armado-han-sido-re-articulo-558791
Fuerzas Militares de Colombia. Ref. Pueblo
https://www.youtube.com/watch?v=9YRlgOobZDg
Note in 2011
Editado y Modificado septiembre 22 del 2015
Bibliografía
Acto legislativo n.º 1, 9 de enero, 1986
Constitución Política de 1991
Cote Barco, Gustavo Emilio. Derecho Penal de Enemigo En La Violencia (1948 – 1966). Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Decreto 3398 de 1965
Himno Nacional de Colombia
Ley 48 de 1968
Ley 1448 del 2011
Pizarro Leongómez, Eduardo Pizarro. Una Democracia Asediada. Balance y Perspectivas del Conflicto Armado en Colombia.
Platón. Libro primero. Diálogos IV República. Editorial Gredos 1986
Uribe de Hincapié, María Teresa. Las palabras de la guerra metáforas, narraciones y lenguajes políticos : un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia. La Carreta Editores E.U
[1] verCote Barco, Gustavo Emilio. Derecho Penal de Enemigo En La Violencia (1948 – 1966). Editorial Pontificia Universidad Javeriana
[2]Ver Pizarro Leongómez, Eduardo Pizarro. Una Democracia Asediada. Balance y Perspectivas del Conflicto Armado en Colombia.
[3]Uribe de Hincapié, María Teresa. Las palabras de la guerra metáforas, narraciones y lenguajes políticos : un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia. La Carreta Editores E.U
[4]Comparar Platón. Libro primero.Diálogos IV República. Editorial Gredos 1986
Mas no es completa gloria
Vencer en la batalla,
Que al brazo que combate
Lo anima la verdad.
La independencia sola
El gran clamor no acalla:
Si el sol alumbra a todos
Justicia es libertad.
Estrofa décima del Himno Nacional de Colombia. Compositor Rafael Núñez. Música de Oreste Sindici.
El escrito tiene el propósito de hacer un somero análisis de la violencia en el siglo XX y en la primera década del siglo XXI, enfatizando que durante los últimos años del siglo XX y comienzos del XXI se ha pretendido cambiar la realidad del conflicto armado con una ofensiva contra el terrorismo y la subversión, con diálogos, con un intento de desarme, desmovilización y reinserción de los paramilitares y con la promulgación e implementación de la Ley de Víctimas al finalizar los diez primeros años del siglo XXI. La pregunta de análisis a partir de contextualizar la violencia ocurrida durante el siglo XX, es ¿Qué función cumple el derecho para superar la violencia y qué usos del derecho pueden identificarse por parte de las víctimas de la violencia?. Pregunta que es respondida por la hipótesis; la función del derecho, es superar la violencia y hacer justicia, pero, el uso del derecho por parte de las víctimas depende de cómo entienden las víctimas y los victimarios el concepto de justicia. La afirmación que sintetiza lo expuesto es, que únicamente con una definición en común por parte de víctimas y victimarios de la justicia es posible que la Ley 1448 del 2010 sea efectiva y transicional.
El tema de la violencia en Colombia es pretérito, no es algo nuevo y no se puede entender la violencia de la primera década del siglo XXI sin tener en cuenta los antecedentes. Durante la primera década del siglo XXI, se realizó una incompleta desmovilización de los paramilitares, se ha intentado derrotar a las guerrillas, también se les propuso un diálogo y se formuló la Ley de Víctimas.
Probablemente explicar la violencia y la búsqueda de la paz después de 1991 era más lógico y aceptado que antes de la fecha por la ampliación de derechos de la nueva carta constitucional que evita los abusos de poder de los gobernantes con la fuerza coactiva del Estado. Además, cuando en la última década del siglo XX, ya no era vigente el fundamento ideológico del socialismo de la lucha armada por el poder y la derecha que promueve políticas económicas de libre mercado con una aparente defensa de la democracia liberal. Ambas posturas ideológicas y dogmáticas que justificaron la violencia, pero que después de promulgada la carta siguieron cometiendo actos violentos con la finalidad de eliminar al opuesto, con el interés de ejercer dominio territorial y controlar las utilidades de actividades económicas; ilegales e informales.
Los hechos de violencia que son contrarios a la paz, se pueden identificar en la historia, en diferentes momentos, a comienzo del siglo XX en 1910 es aceptado por los partidos que se formaron desde la segunda mitad del siglo XIX, que un régimen centralista es preferible a uno federalista. La estabilidad política de una constitución la cual podían ambos reformar, superando los motivos que los mantuvieron enfrentados por el poder después de la independencia. En los años 20’s hasta los 50’s la violencia volvió a ocurrir pero por motivos partidistas y no por pretender cambiar la constitución, como el orden territorial. La violencia que ocurre en ese entonces, no es por la clase dirigente, es en las bases de los partidos, en los directorios de pueblos y en áreas rurales donde se disputaban el dominio territorial por diferencias partidistas y tener control de la administración local. Con la formación de sindicatos, en ese entonces, en la refinería de Barrancabermeja, en las bananeras, en la burocracia de las ciudades principales y los empleados del sector de servicios e industrias, el origen de nuevos reclamos y demandas por parte de la población que se organizó no con los partidos tradicionales. La no respuesta a los reclamos y a las demandas a partir de políticas públicas, y sí con represión como en las bananeras, hace que nuevas ideas para el entonces como lo fue el comunismo y la disidencia del Partido Liberal de Jorge Eliecer Gaitán, con propuestas socialistas tengan acogida por parte de la población, pero que causa que se mantenga el fenómeno de violencia durante la década de los 40’s y comienzo de los 50’s, fenómeno que venía ocurriendo desde los años 20’s y se acentúa con la muerte de Gaitán.
Con la formación de guerrillas en los llanos, autodefensas al norte del Huila y en el de departamento del Tolima, la situación de violencia adquiere dimensiones que no dependen de un pacto que realiza el bipartidismo, como amnistías que engañan con la muerte a los bandoleros del entonces.
Con el arraigo de ideas comunistas en un porcentaje de la población rural y de menor porcentaje en la población urbana, frustrada por la muerte de Gaitán y excluida del Frente Nacional, la subversión se organiza como movimiento guerrillero que son enfrentados por la fuerza pública, y ante las derrotas mantienen adeptos, como no logran ser suprimidas para el entonces.
La Guerra Fría que protagonizaban dos potencias mundiales de ese momento, fomentó en ambas partes del conflicto armado interno el enfrentamiento, unos en detentar el poder y otros en la lucha, justificando el uso de la violencia armada por dos ideologías infundidas, por dos potencias que motivaban en unos hacer un cambio revolucionario y en otros en mantener un orden establecido.
Con el decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968; la defensa civil, es mencionada, en ambos actos legislativos con la cual se pretendía que se organizaran autodefensas con el fin de contrarrestar la amenaza al orden establecido por parte de los subversivos, pero en consecuencia hace que la población rural y en parte la urbana, no fuera neutral y adoptara una postura a favor de la revolución, o a favor de mantener el orden establecido.
Con la bonanza de las esmeraldas en Boyacá y el emergente narcotráfico, para ambas actividades de economía informal e ilegal era necesarias las autodefensas y organizarse paralelamente a la fuerza pública y a la subversión para mantener los dominios donde se realizaban este tipo de economías. Aunque, el decreto y la ley de defensa civil no se implementó teniendo en cuenta estas actividades económicas informales e ilegales, si demostraba la incapacidad de la clase política que, por medio del Estado no podía garantizar la soberanía, el monopolio legitimo de las armas y la protección de la población civil, además demuestra la falta de criterio y de justicia, haciendo que el derecho perdiera su sentido y finalidad, en su función penal[1], y si ocurriendo en el territorio nacional no únicamente delitos políticos sino otros que son de materia penal, que no se responden con amnistías e indultos.
En la década de los 80’s con la expansión del narcotráfico y el arraigo de costumbres corruptas en la clase política y en un alto porcentaje de la población civil, no fue posible que en esa década se lograra la paz, aunque al final de la década ocurren desmovilizaciones de diferentes grupos subversivos ante la posibilidad de inclusión en el sistema político, muchos son asesinados y otros continuaran en las montañas de Colombia por las utilidades que resultan del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el robo de bancos cuando se tomaban pueblos y con la reforma de 1986 apoderase de los recursos municipales.
El decreto y la ley expedida en la década de los 60’s de defensa civil es derogada por el gobierno de Virgilio Barco, pero la organización por parte de terratenientes y narcotraficantes de paramilitares en connivencia con no todos los miembros de la fuerza púbica, terratenientes, empresarios y de políticos continúo. Antes de comenzar la década del 2000, mientras un área geográfica del país se despeja para intentar hacer la paz a partir de diálogos y acuerdos con la principal guerrilla y grupo terrorista, en otra parte de la geografía del país los paramilitares se convierten en hacedores de crímenes de lesa humanidad.
El desarme, la desmovilización y la reinserción en la primera década del siglo XXI con grupos paramilitares que se unifican, se hace por lo establecido en la Ley 418 de 1997, que no específica con qué grupos al margen de la ley se deben dialogar y hacer acuerdos, o si tienen propósitos políticos o no. Pero con esta ley también se realizan los diálogos con la guerrilla en la zona de distención. Con la Ley 975 de 2005 se hace un marco legal para la desmovilización, la justicia de las víctimas, la verdad y la reparación que se implementa con los paramilitares.
El proyecto político de la Seguridad Democrática que se mantuvo durante ocho años tiene similitudes con el Plan Lazo de Guillermo León Valencia, que igualmente fue una ofensiva contra las guerrillas del entonces, pero a diferencia de la Seguridad Democrática que no únicamente enfrentaba a un socialismo armado obsoleto, sino a un grupo terrorista.
El conflicto armado interno que se presenta en Colombia es no convencional, es prolongado, y de mediana y alta intensidad,[2] en el que los actores se han adaptado a los nuevos cambios económicos y políticos en el país y en el mundo, y no han podido ser eliminados del todo. El proceso de desarme, desmovilización y reinserción con los paramilitares no fue completo y esto es debido a la falta de compromiso por parte del gobierno del entonces de controlar y ofrecer una alternativa que sea pacífica a quienes hacían parte en principio de estas organizaciones, además la falta de diligencia y celeridad en los procesos jurídicos como rigurosidad penal en el momento de saber la verdad y obligarlos a reparar en el corto plazo. Por lo tanto al no tener otra alternativa, muchos de los que eran parte de los grupos paramilitares vuelve a delinquir, a excepción de sus primeros y principales jefes que los hacen desmovilizar, y que son los que primero están cumpliendo una condena, y son sus subalternos, los que se integran a bandas que se organizan con similitud a las estructuras paramilitares pero con el propósito de continuar dominando territorios y ser cómplices con el narcotráfico y la minería ilegal por las utilidades que estas actividades económicas informales e ilegales generan, además cometiendo algunas bandas, asesinatos, extorciones y secuestros.
Y es en esta realidad, que se presenta la Ley de víctimas que se formula en el 2010, se decide en el 2011 y se implementará en el 2012. Ley que propone hacer justicia, verdad y reparación a las víctimas de la violencia desde 1985, a quiénes hayan muerto por causas del conflicto armado interno, y no se haya cumplido el Derecho Internacional Humanitario, siendo civiles, no armados, serán atendidos por esta ley. Y quienes han sido despojados de sus tierras y desplazados desde 1991.
La ley de víctimas fue el resultado de un acto legislativo que se fundamentó en derechos y principios constitucionales, además en los Derechos Humanos. La ley tiene efectos jurídicos más no depende finalmente de decisiones políticas y económicas, aunque afecta la realidad política, social y económica del país, decisiones en estas estructuras dependerá de lo que dice la ley, sin omitirse de lo contrario no existirá coherencia con la constitución y la voluntad nacional en representación de los legisladores que aprobaron la ley.
Pero ¿Qué función cumple el derecho para superar la violencia y qué usos del derecho pueden identificarse por parte de las víctimas de la violencia?
En el caso de la ley de víctimas, la función del derecho es superar la violencia y hacer justicia, pero el uso del derecho por parte de las víctimas depende de cómo entiendan las víctimas y los victimarios el concepto de justicia.
Si bien la Ley 1448 del 2011 especifica en el capítulo dos con una serie de principios el modo en que la ley hace justicia, hay que analizar que el país vive un fenómeno de violencia que parece perenne, en el que se ha formado la nación con una dialéctica[3] de enemigo, de quiénes son buenos y de quiénes son malos, que en principio fueron independentistas contra realistas, después entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores, izquierda y derecha, y esto ha generado en el imaginario una concepción de justicia que no es atinente con la del derecho clásico y moderno, el derecho que pretende hacer justicia dando a cada quién lo que le corresponde, como retribuyendo a quién se ha perjudicado por vulneración de sus derechos, o cuando alguien ha causado un mal grave por infringir una ley, retribuyendo con una sanción y obligación por la omisión de responsabilidad y cumplimiento.
Es con esta dialéctica, en consecuencia por un conflicto armado interno prolongado que ha formado la concepción del contrario como alguien que se tiene que eliminar, lo cual el hacer justicia es causarle la muerte, pero también se es justo cuando se confabulan para hacer el bien con los que comparten una misma identidad, sea de izquierda o de derecha, sin importar que al otro o a los otros les cause el mal, con tal obtenga algún beneficio y perjudique al enemigo. La dialéctica analizada se ha mantenido cuando los individuos involucrados son obedientes con quién impone una orden y se es sumiso, y no tienen una idea de lo común, como el respeto a la vida y las libertades, y no consideran la ley como al Estado los únicos que a partir de sus entes como la rama judicial, a partir de procedimientos, quienes con el uso del derecho buscan ecuanimidad, equidad y finalmente se haga justicia en búsqueda del bien común.[4]
El entendimiento de la Ley 1448 del 2011 por parte de víctimas y victimarios a partir de un concepto de justicia que acepten y que entiendan ambos, hace que exista efectividad en lo que propone la ley. Y cambie la realidad, la dialéctica que mantiene un fenómeno de violencia que ha hecho historia pero que no puede seguir, y sí hacer posible una oportunidad para la reconciliación nacional y la posibilidad de un porvenir que garantice por parte del Estado, los gobernantes y la sociedad civil un país diferente, que cambia su pasado histórico y comienza desde la reparación a la primera víctima un país mejor .
Composición Audiovisual
Aterciopelados Hijos de Tigre
https://www.youtube.com/watch?v=7vLhhBhhusM
En 54 años, 220 mil personas han muerto por el conflicto armado en Colombia
Julio 24, del 2014
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/54-anos-220-mil-personas-han-muerto-por-conflicto-armado-colombia
1280 Almas Fosa en el Platanal
https://www.youtube.com/watch?v=qxHD1DOpFAM
Desaparecidos: El Estado el gran responsable
2014/05/26
http://www.semana.com/nacion/articulo/desaparecidos-el-estado-el-gran-responsable/389173-3
Ekhimosis – La tierra
https://www.youtube.com/watch?v=thueBRlcaxE
Colombia conserva el deshonroso título del segundo país con más desplazados
2015/05/06
http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-es-el-segundo-pais-con-mas-desplazados/426628-
3
La tierra del Olvido (2015). Carlos Vives, Fanny Lu, Fonseca, Maluma, Andrea Echeverri, El Cholo Valderrama,
https://www.youtube.com/watch?v=8jtfXHadYIE
Más de 500.000 víctimas del Conflicto armado han sido reparadas en Colombia
Mayo 5 del 2015
http://www.elespectador.com/noticias/paz/mas-de-500000-victimas-del-conflicto-armado-han-sido-re-articulo-558791
Fuerzas Militares de Colombia. Ref. Pueblo
https://www.youtube.com/watch?v=9YRlgOobZDg
Note in 2011
Editado y Modificado septiembre 22 del 2015
Bibliografía
Acto legislativo n.º 1, 9 de enero, 1986
Constitución Política de 1991
Cote Barco, Gustavo Emilio. Derecho Penal de Enemigo En La Violencia (1948 – 1966). Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Decreto 3398 de 1965
Himno Nacional de Colombia
Ley 48 de 1968
Ley 1448 del 2011
Pizarro Leongómez, Eduardo Pizarro. Una Democracia Asediada. Balance y Perspectivas del Conflicto Armado en Colombia.
Platón. Libro primero. Diálogos IV República. Editorial Gredos 1986
Uribe de Hincapié, María Teresa. Las palabras de la guerra metáforas, narraciones y lenguajes políticos : un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia. La Carreta Editores E.U
[1] verCote Barco, Gustavo Emilio. Derecho Penal de Enemigo En La Violencia (1948 – 1966). Editorial Pontificia Universidad Javeriana
[2]Ver Pizarro Leongómez, Eduardo Pizarro. Una Democracia Asediada. Balance y Perspectivas del Conflicto Armado en Colombia.
[3]Uribe de Hincapié, María Teresa. Las palabras de la guerra metáforas, narraciones y lenguajes políticos : un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia. La Carreta Editores E.U
[4]Comparar Platón. Libro primero.Diálogos IV República. Editorial Gredos 1986
